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Lo que comenzó como una advertencia sobre presuntas amenazas de una estructura criminal contra estudiantes de tres colegios oficiales del suroeste de Barranquilla ha dado un giro importante
Lo que comenzó como una advertencia sobre presuntas amenazas de una estructura criminal contra estudiantes de tres colegios oficiales del suroeste de Barranquilla ha dado un giro importante en las últimas horas.
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Una investigación preliminar de las autoridades indica que el panfleto intimidante distribuido en las redes sociales no fue publicado por una pandilla. «Peps»pero tendría su origen en un conflicto entre estudiantes, vinculado a disputas internas en el canal WhatsApp.
El mensaje que decía: «propósito militar” para estudiantes de las instituciones IED Cultural Las Malvinas, Colegio Bolivariano del Sur e IED La Esperanza del Sur, generó miedo inmediato en la comunidad educativa y motivó el despliegue de las Unidades Infantiles y Juveniles de la Policía Metropolitana, así como la activación de protocolos de seguridad por parte de la policía Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Si bien la respuesta institucional fue inmediata y sigue vigente, el tema de la investigación ha cambiado después de la primera verificación técnica del caso.
Según fuentes cercanas a la investigación, se distribuyó un folleto amenazante Canal de WhatsApp llamado «Boletas»formado por más de 2.000 personas, principalmente estudiantes. El mensaje no se referirá a la acción del crimen organizado, sino a represalias internas contra los administradores de este canal.
Era un panfleto que empezó a circular. Foto:Redes sociales
Las autoridades criticaron desde el principio el formato del documento. Según ellos, a diferencia de los folletos utilizados antiguamente por los grupos criminales, el mensaje tenía un diseño excesivamente complejo, estaba ordenado y tenía buena ortografía, rasgos que no coincidían con patrones típicos de este tipo de amenazas criminales.
Este análisis permitió realizar un seguimiento profundo del contenido digital, lo que permitió determinar que el mensaje no provenía de canales asociados a estructuras armadas, sino de un entorno virtual conectado con la comunidad estudiantil.
La investigación indica que el origen del folleto estuvo relacionado con disputas en el Canal de Boletas, donde, según las autoridades, Se difundió contenido ofensivo contra los estudiantes.incluyendo insultos, calumnias y acusaciones que dañan su buen nombre.
De las versiones recabadas, parece que algunos integrantes del grupo se sentirían ofendidos por lo allí publicado, y en represalia Prepararían un folleto falso, utilizar nombres de organizaciones criminales para crear miedo y presión, nombrar a terceros como presuntos colaboradores de estructuras ilegales.
Este uso instrumental del lenguaje y los símbolos del crimen organizado fue suficiente desencadenar una alerta de seguridad realcambiar el horario escolar y forzar la intervención de diversas autoridades distritales y de la Policía.
Ante el giro de los acontecimientos, las autoridades centraron sus esfuerzos en individualización de los propietarios de líneas telefónicas vinculado al canal de WhatsApp a través del cual se iba a distribuir el folleto. El objetivo es establecer responsabilidades individuales. y determinar si existe un comportamiento consistente con delitos, tales como, entre otros, amenazas, informes falsos, pánico masivo o acoso.
Algunos miembros del grupo se sentirían ofendidos por lo publicado allí. Foto:Redes sociales
El proceso se lleva a cabo de acuerdo con los lineamientos del llamado El sistema de responsabilidad penal de los jóvenesconsiderando que presumiblemente estarían involucrados menores de edad. Las autoridades aseguran que el caso no será tratado como una broma digital, teniendo en cuenta, entre otros, el impacto social y emocional que ha generado en las comunidades de aprendizaje.
Al menos una de las rectorías de las instituciones involucradas realizaría procedimientos encaminados a presentar una denuncia penal formal para que los hechos puedan ser investigados con la debida diligencia. Se adoptaron disciplina judicial y medidas preventivas.
El sector educativo advierte que el caso revela una nueva dimensión de riesgo. La rápida escalada de los conflictos digitales puede conducir a: consecuencias de los escenarios de seguridad pública.
El caso ha reabierto el debate sobre la violencia digital en el ámbito escolar, el uso irresponsable de las redes sociales y Falta de controles efectivos en enormes comunidades virtuales.
La Policía Metropolitana continúa brindando apoyo a las agencias afectadas. Foto:policia nacional
Autoridades y el sector educativo coinciden en que la respuesta no puede limitarse a la judicialización sino que debe incluir estrategias pedagógicas, apoyo psicosocial y prevenir el acoso.
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De la guardia de la ciudad Continúa el apoyo a las instituciones afectadasno sólo para garantizar la seguridad física, sino también para orientar sobre la responsabilidad penal de los adolescentes uso adecuado de la tecnología.
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